Paz Rodriguez Niell
     La Corte Suprema le dio ayer un respiro al Gobierno, golpeado por una sucesión de fallos adversos: rechazó un amparo de la provincia de San Luis contra el decreto de Cristina Kirchner que ordenó usar reservas del Banco Central para crear el Fondo del Bicentenario.
    
     El tribunal no se pronunció sobre el fondo del asunto: si el decreto 2010 es inconstitucional. Se limitó a sostener que la provincia no estaba legitimada para cuestionarlo.
    
     En un fallo breve, de cinco carillas, la Corte explicó cuál había sido el planteo de San Luis y cuáles las defensas del Gobierno, y sostuvo que la provincia no tenía legitimación para plantear la inconstitucionalidad, ni en representación de sus ciudadanos ni por derecho propio.
    
     En este expediente el máximo tribunal intervino con competencia originaria, por ser un planteo de una provincia contra la Nación. Pero el caso podría volver a llegarle por otra vía, si aceptara tratar algún recurso extraordinario contra una decisión de un tribunal inferior.
    
     Hay uno en marcha. Es el que planea promover el Gobierno contra la medida cautelar de la jueza María José Sarmiento -confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo- que suspendió los efectos del decreto 2010 y congeló la formación del Fondo del Bicentenario.
    
     Pero la Corte también podría rechazar este expediente: en principio, sólo revisa sentencias definitivas y las medidas cautelares no lo son.
    
     "Normalmente no se abren recursos por cautelares", reafirmó ayer una alta fuente del tribunal. Para sortear la dificultad, el procurador Joaquín Da Rocha podría alegar que se trata de un caso de "gravedad institucional", que amerita la intervención de la Corte, según informó a LA NACION una fuente del Gobierno. El plazo para presentar el recurso vence el lunes próximo.
     Suspenso
    
     La definición del caso San Luis fue con suspenso. Los ministros pensaban tener listo su fallo al mediodía, pero el debate se prolongó. Se resolvió, no obstante, sin disidencias. "Había acuerdo en la decisión a tomar. Los precedentes de la Corte no daban margen para resolver otra cosa", dijeron en el tribunal.
    
     Anoche, el único que todavía no lo había firmado era Carlos Fayt, el juez que anteayer enfrentó al Gobierno y afirmó que "la Justicia es un poder del Estado y no un partido político". Tampoco tiene la firma de Raúl Zaffaroni (se excusa en los planteos de San Luis).
    
     La acción de amparo había sido presentada el 27 de diciembre por el gobernador Alberto Rodríguez Saá, que alegó que el decreto era inconstitucional porque no era una medida necesaria ni urgente, porque se dictó pocos días después finalizado el período de sesiones ordinarias del Congreso y porque las provincias, por medio de la Constitución, no delegaron en el Poder Ejecutivo (sino en el Congreso) las atribuciones para regular al Banco Central.
    
     Pero la Corte no analizó ninguno de estos fundamentos. Dijo que San Luis no estaba habilitada a accionar en nombre de sus ciudadanos porque la Constitución establece de forma taxativa quiénes pueden arrogarse esa representación en casos de derechos de incidencia colectiva y sólo menciona al afectado, a las asociaciones civiles y al defensor del pueblo. No a las provincias.
    
     Recordó que lo mismo había sostenido en un caso de 2002, cuando Río Negro cuestionó las normas que crearon el corralito financiero y el máximo tribunal le dijo que no estaba legitimada para hacerlo.
    
     Pero San Luis había afirmado que también se había visto afectada "como provincia" por el decreto 2010. Sostuvo que la Presidenta se atribuyó facultades legislativas y que con su decreto puso en riesgo el valor de la moneda.
    
     En este punto, la Corte fue terminante: dijo que San Luis no había demostrado "un interés directo" y sostuvo, además, que no puede reconocércele a ninguna provincia "la potestad de ejercer un control pormenorizado del ejercicio" de las facultades delegadas a la Nación con un amparo como el que promovió Rodríguez Saá.
     EL CASO
    
     * San Luis denuncia. El gobernador Alberto Rodríguez Saá, patrocinado por el ex juez de la Corte Rodolfo Barra, presentó un amparo el 27 de diciembre pasado para que la Corte declarara inconstitucional el decreto que creó el Fondo del Bicentenario.
    
     * La Corte toma el caso. La causa fue girada de inmediato al procurador, Esteban Righi, que propuso que la Corte se declarara competente. El fundamento es que las denuncias de provincias contra el Estado se tramitan en instancia originaria y única de la Corte. El tribunal aceptó el caso y le dio traslado al Gobierno.
    
     * El Gobierno responde. El 8 de enero, el Gobierno presentó un informe en el que pidió el rechazo de la demanda. En ese documento, admitió que sin el Fondo del Bicentenario no iba a poder cumplir con el presupuesto.
    
     * Se rechaza el amparo. En un breve fallo, la Corte dijo que San Luis no tenía legitimación: que la Constitución no la habilitaba a accionar por sus ciudadanos y que no podía pretender hacer "un control pormenorizado de las facultades delegadas" a la Presidencia con un amparo.
     Fuente: La Nación.